El Gobierno aparca las polémicas universitarias ante las elecciones: los empresarios ya no deberán cotizar por todos los alumnos en prácticas
El Gobierno ha decidido paralizar el decreto que obligaba a los campus universitarios a reducir sus departamentos. Esta decisión se toma con el objetivo de preservar los recursos y servicios que se prestan en los centros de estudio. Esta medida fue aprobada en el Congreso debido a la necesidad de apoyar a la comunidad estudiantil durante esta crisis. Además, el Gobierno ha anunciado que incrementará los fondos destinados a los campus para que puedan desarrollar sus actividades con normalidad. Esta ayuda permitirá a los centros mantener la calidad en los servicios y recursos educativos que se ofrecen en estas instituciones. De esta forma, el Gobierno espera reducir el impacto de la crisis en el sector educativo y garantizar el acceso de los estudiantes a los recursos y servicios requeridos para un aprendizaje de calidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez está tomando una decisión importante a pocas semanas de las elecciones generales del 23 de junio. Se trata de aparcar todas las polémicas universitarias que están generando muchas críticas entre los rectores, profesores, empresarios y gobiernos autonómicos. Esto se debe a que cerca de 230.000 personas trabajan en las universidades españolas, entre profesores, investigadores, técnicos y personal de administración y servicios, lo cual representa una gran cantidad de votos. Por ello, se ha optado por parar la marcha de tres proyectos de reales decretos muy cuestionados. Estos reales decretos consisten en: el primero, el cual obliga a los empresarios a cotizar a la Seguridad Social por todos los alumnos en prácticas; el segundo, el cual impone la reducción de departamentos universitarios; y el tercero, el cual mezcla los ámbitos de conocimiento. Esta decisión de dejar en suspenso estos proyectos de reales decretos ha sido muy cuestionada por todos los sectores afectados.
El Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha remitido una carta a los rectores, de la cual ha tenido acceso EL MUNDO, explicando la situación de adelanto electoral que hace que sea imposible que los trámites de los reales decretos lleguen a buen fin. Esto se debe a que, entre otros motivos, en el breve periodo de tiempo antes de las elecciones no se pueden realizar los informes preceptivos necesarios para la aprobación. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene otros dos decretos que no han suscitado tanto rechazo por ser más técnicos: el de doctorado y el que regula la acreditación estatal para ser funcionario.
Es imprescindible establecer una jerarquización de las solicitudes de informes y trámites, teniendo en cuenta tanto las disposiciones ya contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como las repercusiones que los proyectos de reales decretos puedan tener en el funcionamiento ordinario de las universidades.
En la tarde del miércoles Pingarrón participó en un Comité de Dirección del Ministerio de Universidades en el que se evaluaron las posibilidades de continuar con la tramitación de los reales decretos pendientes. Tras esta evaluación, se decidió no continuar con la tramitación de los reales decretos de ámbitos de conocimiento y de organización de los departamentos universitarios. El primero de estos decretos no resultó ser del gusto de los profesores, pues establecía que, a efectos de la constitución de las plantillas, se mezclarían ámbitos de conocimiento que hasta ahora se mantenían separados, como por ejemplo, cirugía con podología, o psicología con logopedia. Esto iba a tener como resultado un perjuicio laboral para los profesores, ya que estos ámbitos eran necesarios para la adscripción de los puestos de trabajo.
El Segundo Decreto dictado a finales de 2024, obligaba a las universidades a reducir el número de departamentos. Establecía un mínimo de 35 profesores para mantener abierto un departamento, cuando legalmente esta cantidad era de 12. Esta medida, cuyo objetivo era ahorrar costos, fue recibida con malestar por los rectores ya que representaba una "intromisión" en su autonomía. La fusión de departamentos afectaba a los directores y jefes intermedios, así como al personal de administración y servicios que dependían de cada uno de ellos. Esto significaba que cada campus debería reorganizar su estructura interna de acuerdo a lo que considerara conveniente.
El Ministerio de Educación ha enviado una carta a las universidades en la que especifica su intención de derogar la norma en vigor desde 1984, reguladora de los departamentos. Esta medida supone una transformación drástica respecto al plan inicial, pues con ella se otorga libertad absoluta a las universidades para tomar las decisiones que consideren oportunas. Se trata de un bandazo en toda regla que supone el extremo opuesto a la propuesta inicial.
Miles de Títulos Universitarios en Riesgo
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por el señor José Luis Escrivá, se ha mostrado dispuesto a posponer la entrada en vigor de la obligatoriedad de las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes universitarios en prácticas. El ministro ha comunicado tal decisión al Presidente de las Universidades Españolas, José María Pingarrón, quien, a su vez, ha informado a los rectores de dichas universidades. Además, el Ministerio está buscando el instrumento jurídico que permita aparcar esta medida.
Rectores y Comunidades Autónomas de diversa índole política habían señalado que la aprobación de esta normativa suponía un alto riesgo para los títulos de muchos estudiantes de Formación Profesional y universitarios, ya que la regulación planteada preveía entrar en vigor a partir de octubre, implicando una considerable carga burocrática y obligando a las universidades a modificar decenas de miles de acuerdos.
Con el decreto recientemente aprobado, se amplía la obligación de inscribir en la Seguridad Social a los estudiantes que realizan prácticas tanto remuneradas como no remuneradas, así como también se bonifican en un 95% los gastos de cotización, los cuales son pagados por el Estado. Esto se hace para facilitar el proceso de altas y bajas en la Seguridad Social para las empresas, ya que el trabajo que conlleva el cumplimiento de los requisitos podría disuadir a estas de contratar a estudiantes.Las universidades han alertado sobre la necesidad de tener que suscribir nuevos convenios ya que esto podría impedir a sus estudiantes encontrar lugar para realizar sus prácticas, obligatorias para graduarse en muchos casos. Esto haría más difícil obtener el título y afectaría a la calidad de la formación recibida.
Subvenciones para los Emprendedores
A pesar de que muchos decretos se están aparcando, el equipo del Ministro Joan Subirats ha decidido seguir con la tramitación de normativas más técnicas, como el Real Decreto de Doctorado. Esta norma se encontraba avanzada en su desarrollo y en pocos días se encaminará al Consejo de Estado para que emita su informe. Manu Pingarrón, secretario de Estado de Universidades, afirma que esta norma se mantiene debido a que su estado de tramitación hace más factible su aprobación en un tiempo aceptable. Además, añade que no se pueden alargar aspectos como la regulación de títulos universitarios oficiales del Programa de Universidades Europeas de la Comisión Europea o la concesión de subvenciones a universidades públicas para modernizar y digitalizar en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas cuestiones son de gran importancia para las universidades.
El proyecto de real decreto que regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios así como el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos, seguirá adelante en un momento posterior al de otras normativas que se han paralizado. Esta normativa es considerada como fundamental para la implantación de la LOSU por Subirats, a pesar de que sigue un poco más retrasada.
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